"Vamos a apelar"Diego Luciani, el fiscal del caso Vialidad: “Para nosotros está demostrado que hubo una asociación ilícita”

Es que, según dijo el fiscal, le resulta “ilógico” que el responsable del Ministerio no haya sido alcanzado por las condenas. “¿Cómo puede ser que Cristina Kirchner formó parte y que José Lopez, secretario de Obras Públicas, formó parte y que De Vido no esté cuando el Tribunal entiende que hubo una colosal maniobra?”, se preguntó. “En nuestro alegato nosotros hemos demostrado que acá hubo una verticalidad a la hora de favorecer a Lázaro Báez”.

Habrá que esperar, no obstante, hasta marzo para conocer los fundamentos concretos de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso. Este último se inclinó por el criterio de la fiscalía al avalar que existió la asociación ilícita. Pero el Ministerio Público ya está preparando sus propios argumentos, en base a lo que ya se plasmó en el alegato.

“Vamos a buscar que revertir que ese criterio instalado con el fallo ’Stancanelli’ de la Corte menemista que habló de la asociación ilícita en el contrabando de armas a Croacia y Ecuador y que tomó un liderazgo para que no se aplique esa figura en los casos de corrupción. Entendemos que ese delito no sólo vale para las causas de secuestros, drogas o evasiones sino también para los delitos de la administración pública. Ese es el nudo de la cuestión”, afirmó Luciani en diálogo con Infobae horas después de la sentencia.

Para el Ministerio Público, está claro “cómo funcionó el sistema de corrupción más grave que se haya verificado en la historia de nuestro país, en el que se avasallaron groseramente los principios de la contratación pública (igualdad de trato, competencia, concurrencia, publicidad y transparencia, entre otros) y que tiene consecuencias sociales, económicas y políticas nocivas hasta el día de hoy”.

Y reforzó que, a su criterio, las pruebas expuestas en el juicio “confirma la existencia de un sistema corrupto que se ha enquistado en la contratación pública argentina” e “interpela a toda la clase dirigente para depurar el sistema de contratación pública, tan contaminado de abusos, arbitrariedades, discrecionalidad, intereses ilegales y mezquindades”.

Este martes, el Tribunal Oral Federal 2 dio por finalizado el juicio oral que comenzó en mayo de 2019 con Cristina Kirchner sentada en el banquillo, y otras doce personas. Para Cristina Kirchner, según sus últimas palabras, estuvo ante un “pelotón de fusilamiento”.

La vicepresidenta fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por dos votos a uno, fue absuelta por asociación ilícita. La misma pena recayó sobre el empresario Lázaro Báez; José López, ex secretario de Obras Públicas; y Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad. Hubo penas de entre cinco y tres años para otros ex funcionarios. Y absoluciones para Julio de Vido, ex ministro de Planificación; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; y Héctor Garro, ex presidente de la Administración General de Vialidad Provincia de Santa Cruz. Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner y ex secretario de Coordinación de Planificación, también fue desafectado de la causa. En su caso fue por un sobreseimiento por prescripción. Fue al único al que el fiscal no había incluido en la asociación ilícita.

“Ha sido dirimente, en esa lógica, la comprobación de un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”, dijo el tribunal en un comunicado. Allí se habló de “vínculos promiscuos y corruptos” que derivaron en que el empresario amigo de Néstor Kirchner se quedara con las obras en Santa Cruz. Y luego “llamativos y groseros aportes personales en la estrategia criminal, particularmente en su etapa conclusiva” por parte de la vicepresidenta, en lo que el Ministerio Público llamó el plan “limpiar todo”.

Apenas se conoció el veredicto, los fiscales Luciani y Sergio Mola difundieron un mensaje a través de la página de noticias de la Procuración General en donde se sostuvo: “la sociedad puede estar tranquila de que estos fiscales vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso y no vamos a renunciar a nuestros principios y convicciones”.

“Tampoco nos van a doblegar las presiones, amenazas u operaciones externas –de otros poderes del Estado o de cualquier persona– que estén en pugna con los valores que dan sustento a una república democrática, o con el juramento primordial de respetar la Constitución Nacional que prestamos al asumir nuestro cargo”, se advirtió. “Hoy más que nunca, la sociedad tiene la tranquilidad de ver surgir una Justicia que no se deja amedrentar ni presionar, y que decide de manera imparcial, sin privilegios para nadie que cometa un delito grave contra el Estado. La justicia prevaleció sobre la corrupción. Y esperemos que siga haciéndolo con la misma ejemplaridad en las instancias siguientes y en otros casos graves de corrupción, para traer orden y paz social”.