Esta mañana, frente a las puertas del IPV, manifestantes de diferentes organizaciones denunciaron estafas con viviendas sociales a 25 familias. Denuncian que empleados del organismo les cobraron importantes sumas a salteños sin techo con la promesa de entregarles una casa.
En representación de los damnificados habló Rodolfo Serrano, presidente de la Fundación Azul, quien indicó que les habrían cobraron 600 mil pesos para otorgarles una carpeta con la que accederían a una vivienda en el barrio Pereyra Rozas, pero esto no sucedió.
«El doctor Carrizo tiene su sello en cada carpeta y el también está denunciado. Si esto pasa en la administración pública, a la que todos los salteños pagamos los sueldos, yo creo que esta es una estafa muy grave», manifestó Serrano.
«Yo quiero preguntar si Gustavo Carrizo (titular del IPV) hizo la denuncia como damnificado, porque él dice que no tiene nada que ver. Entonces, como abogado que es primero y luego como presidente del IPV, ya tendría que haber hecho eso, para deslindar todo tipo de responsabilidad. Pero hasta el momento no hay nada», declaró el representante legal de los damnificados
Y amplió: «Vamos a ver si le devuelven la plata a esta gente o les dan una vivienda como les prometieron. Creo que esto tiene que terminar, el señor gobernador tiene que intervenir el IPV y ver realmente qué es lo que pasa, quiénes son los empleados infieles que han estafado a los salteños y sacarlos».
“Queremos lo que nos prometieron y lo que pagamos. No queremos nada de arriba. Hace un año pagué y en agosto nos iban a entregar la vivienda. Se lavaron las manos todos. Me dijeron que yo entraría a un sorteo directo. Tengo tres hijos y vendí una camioneta, que es lo único que tenía, para pagar”, dijo una de las denunciantes a El Tribuno.
Causa judicial
Un hombre fue condenado a ocho meses de prisión por estafar a dos compañeros de trabajo, a quienes les pidió dinero con la promesa de entregarles una casa del IPV.
El hombre, de 33 años, fue condenado a ocho meses de prisión condicional como autor del delito de estafas reiteradas (dos hechos), en concurso real, según detalló ayer el Poder Judicial.
La jueza interina María Gabriela González le fijó al condenado una serie de obligaciones que deberá cumplir durante dos años para conservar la prisión en suspenso. Entre ellas, fijar domicilio, comunicar cualquier cambio y someterse al control del Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados; prohibición de acercamiento a los denunciantes; abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas; finalizar la escolaridad primaria.
En el fallo, la jueza dispuso la separación del juicio de otro sujeto imputado por los mismos delitos, por incomparecencia injustificada. Declaró su rebeldía y ordenó su inmediata detención.
El imputado fue condenado por estafar a dos compañeros de trabajo. Les dijo que una prima suya podía iniciarles una carpeta en el Instituto Provincial de Vivienda porque había un cupo de tres casas disponibles. A cambio, les pidió dinero en varias oportunidades.
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