AnálisisCronificación de la emergencia sanitaria

Por Mateo Saravia*

A poco más de un año para los próximos comicios, una atmósfera preelectoral despabila del letargo a paladines reincidentes de causas fugitivas. Muchos de ellos, inspirados en la perpetuación de sus canonjías, enarbolan remanidas consignas, en el mero afán de enmendar los resultados de su procastinación. La salud pública ha dejado de ser una política de estado al conculcar los derechos de lo que otrora se erigía como un bien social. Hoy no es más que otra promesa incumplida que se exhibe impúdicamente sobre sórdidos tablones que feriantes de claustro electoral yerguen en la trastienda de los comicios.

La innegable pauperización de nuestro sistema sanitario conduce al largo período de emergencia sanitaria de la provincia hacia la cronificación y endemización de sus dolencias, al sordo y pesado son de las arengas ministeriales.

Cayó al olvido la “Atención Primaria de la Salud” o APS, emblemático portal del sistema sanitario, circunstancia que explica el colapso de nuestras guardias y hospitales. La Prevención y la promoción de la salud al omitirse como estrategias sanitarias, dieron lugar al avance desmedido de un sinfín de patologías prevenibles. La desnutrición infantil jamás dejó de ser noticia y los casos de suicidio adolescente no adquieren visibilidad estadística. Por otra parte, el cáncer no es detectado oportunamente, forzando a un tratamiento tan lejano como tardío, situación agravada con tediosas diligencias y prolongados períodos de espera para la autorización de prácticas diagnósticas y terapéuticas por parte de las obras sociales. Mientras tanto, la subversión de prioridades en nuestras instituciones de salud favorecen la hormonización y cambios de sexo a un colectivo que sí puede  esperar.

El interior de la provincia corre la misma suerte; el paciente que acude al sector público, no pocas veces culmina su atención con igual profesional en el sector privado; o bien, ante su limitación económica y tras largo peregrinar, termina siendo derivado a algún hospital público de la capital salteña.

La ambigüedad es moneda corriente en nuestras instituciones públicas y constituye una condición sine qua non para el direccionamiento de pacientes, la malversación de bienes públicos y por ende para consagrar la ineficiencia de un sistema concebido esencialmente para dar soluciones. En este sentido se incurre en falsía de funciones tanto desde un comportamiento binario por parte de quien asume la dirección de un hospital público y es a la vez propietario de una entidad privada de la salud, hasta el simple empleado que limita sus prestaciones a la mera presencialidad. El primero atenta contra la razón de ser de la cosa pública (es el zorro cuidando el gallinero), mientras que el segundo, en la necesidad de incrementar su magro salario adquiere habilitación para esa dualidad ejecutiva al remedar las licencias que se arroga el primero. Converge así en tácita complicidad, la voluntad colectiva de nuestros prestadores de la salud desdibujando los límites entre lo público y lo privado. La brújula pierde su norte y la gestión suplanta el criterio sanitario por el desicionismo político, dejando traslucir contubernios que presurosos acuden a subsanar, contraprestación mediante, los efectos claudicantes que engendra un estado ciclópeo, fofo e improductivo.

Consagra esta anomia las palabras de un impávido ministro de salud, en una entrevista radial al justificar la concesión de favores a sus familiares: “es un arreglo mío con el gobernador…”, le endilgará ingratamente su nepótico desplante al regente provincial, para luego reiniciar con

imperturbable cachaza a sus burocráticas labores. En definitiva, cuando la insalubridad sanitaria es la resultante de un sinergismo que involucra patógenos orgánicos y vicios morales, la indefectible colonización de nuestras instituciones nos expone a un mal mayor: “la excepción se hace regla” y la perplejidad social, paralizada ante un patetismo que supera toda ficción, inhibe toda reacción de contralor que exige un sano civismo.

*El autor es médico y dirigente de la UCR Salta