Un grupo de organizaciones internacionales de derechos humanos le pidió al Gobierno que este jueves vote a favor de tratar en la Organización de Naciones Unidas (ONU) un informe sobre la persecución del gobierno chino a la minoría musulmana uigur.
El informe fue firmado antes de finalizar su mandato como Alta Comisionada para los Derechos Humanos por la expresidenta chilena Michelle Bachelet. En paralelo, las organizaciones reclamaron respaldo también para renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
En la encrucijada, el país enfrentará hoy la decisión de avalar el informe de Bachelet, respaldado por los Estados Unidos y rechazado de plano por China, rechazarlo o abstenerse, una vía para no confrontar con el gigante asiático sin chocar de lleno con la Casa Blanca, dueña de la llave que destraba las negociaciones con el FMI. En los últimos dos casos, la gestión de Alberto Fernández sumaría otro raspón al historial del país en la defensa de los derechos humanos.
El 51° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos comenzó el 7 de septiembre y terminará el viernes.
Tanto las cuestiones vinculadas con China como con Venezuela son temas espinosos para el gobierno de Alberto Fernández. En el caso venezolano, se mostró oscilante, con votos encontrados en distintos foros internacionales.
El texto que recibió Cafiero es una carta que las organizaciones de derechos humanos hicieron llegar a los ministros de Relaciones Exteriores de todos los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Argentina ostenta actualmente la titularidad de ese Consejo, con Federico Villegas Beltrán como presidente.
El informe de Bachelet -según la carta que recibió a Cafiero y lleva la firma, por ejemplo, del subdirector ejecutivo de Incidencia de HRW, Bruno Stagno- “pone de manifiesto una campaña sistemática del gobierno chino dirigida contra miembros de la comunidad uigur y otras minorías predominantemente musulmanas por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de religión y expresión, y al disfrute de su propia cultura”. Esos hechos podrían constituir “crímenes contra la humanidad”, advirtió.
“El informe explica que aquellas personas a quienes se considera ‘en riesgo de extremismo’ son objeto de violaciones graves de derechos humanos por parte de las autoridades, como detenciones arbitrarias, torturas, tratamientos médicos involuntarios, trabajo forzado, separación familiar, injerencia en los derechos reproductivos, e intimidación, amenazas y represalias”, se remarcó en la carta que se envió a la Cancillería.
Bachelet difundió su informe sobre la persecución china a los uigures a fines de agosto y recibió una dura respuesta del gobierno de Xi Jinping. “El supuesto informe crítico que usted mencionó está planeado y fabricado de primera mano por Estados Unidos y algunas fuerzas occidentales, es totalmente ilegal e inválido”, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, en una rueda de prensa tras la difusión de los datos recopilados por la saliente Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
El caso de los uigures tiene un lazo reciente con la Argentina. A mediados de agosto, se presentó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra ese pueblo, alegando las disposiciones argentinas sobre jurisdicción universal.
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