Abrieron los sobres lacrados donde figuran los datos de sus familiares, cuentas bancarias, tarjetas de crédito e inversiones; Giménez Uriburu, Basso y Gorini están entre los 24 magistrados afectados.
La irrupción de desconocidos en las oficinas del Consejo de la Magistratura donde se guardan las declaraciones juradas de los jueces federales de todo el país fue más grave de lo que se pensaba en un primer momento: unas 24 declaraciones juradas secretas fueron vulneradas, los sobres lacrados que las contenían fueron abiertos y se supone que su contenido fue fotografiado por intrusos que irrumpieron en un despacho y dejaron una puerta abierta y una cerradura trabada.
Así lo informaron fuentes ligadas a la investigación de este extraño episodio. Entre las declaraciones juradas vulneradas se encuentran las de jueces federales y consejeros, aunque no de jueces de la Corte, según publicó La Nación.
Tres nombres se destacan entre la lista preliminar de datos infiltrados. Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini integran el Tribunal Oral Federal 2 que juzga a Cristina Kirchner en el juicio oral por Vialidad Nacional, que la semana próxima entrará en la etapa de alegatos finales. La vicepresidenta es señalada como jefa de una asociación ilícita destinada a beneficiar con obras en Santa Cruz a Lázaro Báez.
La lista incluye también al juez federal Ariel Lijo y a los camaristas de la Casación Penal Gustavo Hornos y Guillermo Giacobucci.
En la parte secreta de las declaraciones juradas están los datos de los cónyuges de los y las jueces y juezas, de los consejeros y las consejeras; sus cuentas bancarias, sus gastos de tarjetas de crédito e información de los hijos menores de edad; direcciones, detalles de inversiones y tenencias accionarias.
El presidente del Consejo de la Magistratura Horacio Rosatti firmó una resolución tarde en la que dispone que el cuerpo de auditores del Poder Judicial realice un sumario interno para deslindar responsabilidades.
El juez Daniel Rafecas informará mañana a cada uno de los jueces afectados para que no se enteren por los medios. Son 24, entre magistrados y secretarios. La causa será delegada en la fiscalía de Ramiro González para seguir con la investigación. Al mismo tiempo el Consejo es el único que tiene facultades para investigar a jueces en caso de que el contenido de esas declaraciones de bienes vulneradas despierten alguna suspicacia.
La resolución de Rosatti, que lleva el número 36/2022, señala que la irrupción se descubrió cuando la responsable de la oficina de declaraciones juradas María Victoria Pérez Bayonzo se presentó a trabajar en Sarmiento 877 8vo piso, el martes 21 de junio a las 8.28, después del fin de semana largo del Día de la Bandera.
“La agente María Victoria Villareal observó que la puerta de ingreso a la cocina, que limita con el hall central del piso se encontraba abierta, sin llave y arrimada”, pese a que había sido cerrada el jueves anterior. Y observó que en la puerta de acceso desde la cocina a la oficina de la secretaria, la cerradura del medio estaba “trabada” en tanto que la cerradura superior tenía una sola vuelta de llave, cuando había sido cerrada con dos. Y el escritorio no estaba como lo había dejado, con cosas fuera de lugar.
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Eso es lo que relata la resolución sobre la cual se dispuso dar intervención al cuerpo de auditores de la Corte para hacer un sumario interno. Se apunta a empleados que puedan estar resentidos por medidas administrativas en la nueva gestión, algunos con antecedentes en el mundo de la inteligencia.
Se “manipuló” información de los sobres cerrados, dijo una fuente, a lo que suma que las cámaras de seguridad no funcionaron y que una empleada a cargo del área recibió mensajes que consideró intimidatorios luego del suceso.
La investigación penal está en manos del juez federal Daniel Rafecas y del fiscal Ramiro González, que ordenaron el arqueo para determinar si hay alguna declaración faltante.
“No hay videos registrados” del acontecimiento porque las cámaras estuvieron rotas desde el 16 al 22 de junio, cuando todo ocurrió. No había cerraduras destruidas, pero sí algunas marcas como si se hubieran manipulado. En el Consejo de la Magistratura domina el mayor secretismo y, por consiguiente, se multiplican las versiones, a la espera del plenario del 15 de julio.
Sobre la base de afirmaciones de consejeros y testigos, el hecho se produjo el fin de semana largo del Día de la Bandera en el octavo piso del edificio de Sarmiento 877, donde funciona la administración de todo el Poder Judicial nacional y federal y donde tiene su oficina el administrador del cuerpo. A este edificio no concurren los consejeros, que se reúnen en la sede de la calle Libertad, donde tienen lugar los plenarios y las reuniones de comisión.
Una de las personas que ingresó a la oficina recibió días más tarde unos cinco mensajes que interpretó como intimidatorios, dijo uno de los testigos del caso, que no dio más detalles.
Entre los consejeros circula la hipótesis de que la irrupción en la oficina podría no vincularse a una cuestión política sino a una puja interna de empleados del Consejo, afectados por los cambios que motivaron la llegada de los 20 consejeros.
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