El Juzgado interviniente ya dictó varias medidas de protección para las víctimas como exige la Ley en estos casos y ya no habría nada más por hacer.
La Jueza de Violencia Familiar y de Género N°3, María Carolina Cáceres Moreno, ordenó la mayoría de las medidas de protección para las víctimas que denunciaron por violencia de género al arzobispo, Mario Antonio Cargnello y otros sacerdotes. La declaración del principal acusado y el informe psicológico son los últimos pasos para saber si mantendrá las medidas, las ampliará o las dejará sin efecto.
Según establece la Ley 7.888 de Protección contra la Violencia de Género, Cáceres Moreno ordenó una consigna policial en el convento San Bernardo, la prohibición de acercamiento del Arzobispo y los otros denunciados a las víctimas, además de prohibir expresiones públicas que revictimicen a las religiosas, en el caso de Loyola Pinto y de San Cristóval.
Fuente judiciales consultadas por Profesional FM, dan cuenta que la magistrada, sólo “puede fijar, conforme con las reglas de la sana crítica y la evaluación del riesgo de la situación de violencia denunciada, el tiempo de duración de las medidas dispuestas, teniendo especialmente en cuenta el peligro que pudiera correr la persona agredida”. De esta forma, se prolongarán las medidas o se las dejará sin efecto, lo que llevará directamente al archivo de la causa.
Cabe destacar que entre las pruebas que tiene la Jueza, se encuentra también la declaración de las víctimas y un presunto video de la agresión protagonizada por Cargnello y el vicario colaborador de la catedral, Lucio Ajalla. Todos estos elementos serán tenidos en cuenta al momento de emitir una resolución. Además, todavía falta que se escuche a Martín de Elizalde y Loyola Pinto de San Cristoval, quienes tendrían audiencia recién en junio.
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