Se trata del segundo juicio que deberá afrontar el empresario junto a otras personas, por delitos de lesa humanidad. En el primer juicio, Levín fue condenado a 12 años de prisión.
Marcos Jacobo Levín, exdueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte, fue acusado por el fiscal general Carlos Martín Amad, titular del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta y solicitó que sean juzgados en un debate oral y público por crímenes de lesa humanidad.
En la misma causa, también están involucrados José Antonio Grueso, exjefe de personal de la firma; Víctor Hugo Almirón, ex jefe de la Comisaría Cuarta de Salta y Enrique Víctor Cardozo, ex oficial en la misma dependencia.
El fiscal formalizó la petición este lunes ante el Juzgado Federal N°1, a cargo del juez Julio Bavio, quien ahora deberá expedirse respecto al pedido que llevaría al empresario a un segundo juicio por este tipo de crímenes. En el primero, fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de un empleado.
Amad acusó a Levín como instigador, a Grueso como partícipe y a Almirón y Cardozo como autores penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, y por su duración de más de un mes en el caso específico de un detenido (delegado gremial), en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas, hechos cometidos en perjuicio de 17 empleados.
De acuerdo con la fiscalía, los hechos imputados fueron cometidos en el marco de los “procedimientos policiales realizados entre los días 20 de enero y el 24 de enero de 1977 en las provincias de Salta y Tucumán”, cuando efectivos de la exComisaría Cuarta de la policía provincial, a cargo de Almirón, detuvieron sin orden judicial a unos 25 trabajadores de la empresa de Levín.
Las detenciones se concretaron en momentos en que prestaban servicio para la empresa, en los domicilios particulares, o bien, se efectivizaron en la comisaría, adonde habían sido previamente citados. Ello se desencadenó a partir de una denuncia formalizada por Levín en la misma comisaría, que fue asimismo un centro de detención clandestino.
En esa denuncia, el empresario acusó a sus empleados de participar en una supuesta defraudación a la empresa, que nunca quedó acreditada judicialmente. Durante los operativos de detención, intervino personal policial uniformado y de civil, y se utilizaron tanto vehículos policiales no identificados como rodados provistos por la empresa.
Según la pieza acusatoria, las detenciones ilegales se realizaron en torno a una lista provista por Levín, a través de Grueso, su mano derecha en la empresa. Todos los trabajadores, según surge de la investigación, terminaron en la Comisaría Cuarta, ubicada en calle Lerma 656.
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