El tribunal puede suspender la detención de Prado hasta las apelaciones.
La situación aparece como muy complicada para tres personas que fueron declaradas culpables por el Tribunal Federal N´ 2 del delito de robo agravado: el ex intendente de Aguaray Jorge Enrique «Quique» Prado; el intermediario Adrián Antonio Vera y el propietario de la empresa OSYP SA, Diego Alos. El tribunal integrado por Abel Fleming, Gabriela Catalano y Domingo Batule dará a conocer hoy la sentencia definitiva, es decir, cuántos años de detención le corresponde a cada uno por el delito cometido cuando entre los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020 sustrajeron 8 kilómetros de caños que conformaban el tramo norte del Gasoducto del NEA que llevaba adelante la empresa constructora Servicios Vertúa, pero que por una disputa con la ex Enarsa había quedado literalmente abandonada hacía más de un año. La situación fue aprovechada para retirar los caños valuados en miles de dólares cada uno y que pertenecen al Estado nacional y venderlos en diferentes provincias argentinas. La maniobra se facilitó con la puesta en vigencia por parte de Prado como intendente en ese momento, y de profesión ingeniero en recursos naturales y medio ambiente, de la resolución municipal N´ 1215 que autorizaba el retiro de los caños como si se hubiera tratado de un pasivo ambiental cuando en realidad eran flamantes caños con un costo de 5 mil dólares cada uno.
La defensa tiene la opción de pedir la eximición de detención y se descuenta que presentará un recurso de impugnación- apelación- ante la Cámara Federal de Casación penal en Buenos Aires. Si en esa instancia no consiguen revertir el fallo del pasado 2 de diciembre, podrán avanzar con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
En el juicio que concluyó el pasado 2 de diciembre quedaron absueltas otras 7 personas, entre ellas empleados y empresarios locales que, si bien habían trabajado en las maniobras de retiro de los caños de 12 metros de longitud, lo habían hecho en condición de contratados.
Hoy el tribunal dará a conocer cuántos años estarán privados de libertad Prado, Alos y Vera, en cuyo caso los tres podrían ser alojados en el penal federal de la localidad de General Gemes donde Prado ya estuvo detenido durante la instrucción de la sonada causa a requerimiento del fiscal federal Eduardo Villalba que llevó adelante la investigación. Pero el tribunal puede dejar supeditada la orden de detención hasta que ésta quede firme, después de las apelaciones que presentarán las defensas de los tres. Todo eso será decidido por el propio tribunal hoy mismo.
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