Fundación Vida Silvestre expresa su preocupación por la falta de fondos para la protección de los bosques nativos de Argentina.
La otra cara de la moneda es que las provincias deben rendiciones vencidas; siguiendo con Salta, la provincia adeuda las rendiciones de más de 53 millones de pesos.
En Argentina contamos con una herramienta fundamental para la protección de nuestros bosques: la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007 con el objetivo de planificar el uso de estos ecosistemas y lograr equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Sin embargo, en todos estos años, su implementación ha sido parcial y nunca contó con el total del presupuesto que debería asignarse, tanto para el control, monitoreo y vigilancia, como para estimular el uso sustentable y la restauración.
El Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del Año 2022 ha sido presentado por el Poder Ejecutivo para su tratamiento en el Congreso de la Nación. En su Artículo 18, determina que se asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $ 1.212.415.000 (mil doscientos doce millones cuatrocientos quince mil pesos) y al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $120.000.000 (ciento veinte millones de pesos). Sin embargo, el presupuesto estipulado corresponde apenas al 3% de lo que debiera destinarse para la protección de nuestros bosques, si la ley se cumpliera correctamente. Si bien el monto en pesos es el mismo que se asignó en el 2021, el porcentaje disminuye en comparación al presupuesto anterior y se trata del más bajo desde la implementación de la Ley 26.331 en el año 2009.
Lo que no llegará a Salta
El monto total asignado a la Ley, luego se distribuye a las provincias de manera proporcional según distintos factores, entre los que se encuentra la cantidad de hectáreas de bosques que posee cada una de ellas. En el caso de Salta, de aprobarse el actual Proyecto de Presupuesto 2022, la provincia recibiría alrededor de 165 millones de pesos para la protección de sus bosques nativos. Pero si la Ley de Bosques se cumpliera de manera correcta, debería recibir 5.400 millones de pesos.
Cada provincia, por su parte, tiene el deber de llevar a cabo el proceso de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), dentro de los plazos estipulados, acorde a los criterios establecidos por la Ley y con la correspondiente participación ciudadana requerida. A su vez, es importante que se agilicen los procesos de rendición e implementación de los fondos asignados, para que la Ley pueda cumplirse de forma adecuada. La provincia de Salta tiene el 74% de las rendiciones presentadas y aprobadas por el MAyDS. Del 26% restante, presentó el 10% que espera la aprobación por parte de la autoridad nacional, y el otro 16% de las rendiciones aún está pendiente de ser presentado ante el MAyDS por la provincia. En cuanto a su OTBN, se encuentra vencido y requiere actualización. Más info
En su artículo 31, la Ley de Bosques estipula que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos estará integrado por las partidas presupuestarias que no podrán ser inferiores al 0.3% del presupuesto nacional. Ese 0.3% para 2022 debiera ser de 40.009 millones de pesos, una cifra que difiere bastante de los 1.212 millones estipulados en este proyecto. El Fondo también debería recibir el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
La Ley de Bosques modificó el escenario nacional de protección de bosques nativos y visibilizó la problemática y la importancia de la conservación de estos ecosistemas. Además, fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación en la Argentina, estabilizándose en los últimos años. Sin embargo, a pesar de contar con esta Ley, los bosques nativos de nuestro país siguen sufriendo grandes modificaciones producto del cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales.
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