Una periodista de Video Tar lo acusó por violencia de género luego de un fuerte cruce en los estudios de TV.
La falsa denuncia que involucró al fiscal Armando Cazón en el norte de la provincia amenaza ahora con convertirse en un fenómeno con derivaciones judiciales que van más allá del caso en cuestión. La jueza de Violencia Familiar y de Género -Primera Nominación- de Tartagal, Elba Susana Menéndez, intimó al fiscal Cazón a «abstenerse de ejercer actos de violencia, como proferir insultos, palabras agraviantes o groseras o desplegar conductas amenazantes, como así también de efectuar declaraciones o publicaciones a través de cualquier medio de comunicación, incluidas redes sociales, en contra de la denunciante, Mabel Aída Carrizo».
Carrizo, periodista de Video Tar, interpuso ante ese juzgado una denuncia contra el agente fiscal el 10 de mayo pasado, luego de una situación que se presentó en los estudios de dicho medio de comunicación, donde se acusaba a Cazón de haber pedido favores a una víctima de violencia de género, para mantener las condiciones procesales contra su expareja.
En las redes sociales de Video Tar los periodistas señalaron directamente al fiscal, acusándolo con foto, nombre y apellido, pese a que nunca hubo una denuncia en su contra y basándose en un acta contra una persona no identificada (NN).
Ante esta situación, Cazón se presentó en el estudio del canal donde se produjo un fuerte cruce con la periodista, razón por la cual la comunicadora colocó la denuncia ante el juzgado.
Con fecha 13 de mayo la jueza Menéndez libró el oficio donde además de intimar a Cazón, por conductas que «pudieran resultar injuriosas o afectarla psicológica y emocionalmente» a Carrizo, le ordenó realizar una capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres, acreditando su cumplimiento ante ese tribunal en el plazo de treinta días, desde su notificación.
Todo esto bajo «apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial y ampliar o modificar las medidas que se dispusieron en protección de los derechos de la víctima».
Con el trámite urgente, la jueza también dispuso librar oficio al procurador general del Ministerio Público Fiscal, con copia de la denuncia y de la resolución contra el fiscal Cazón, «para su toma de razón y efectos que pudieren corresponder». De igual forma la magistrada hizo saber a las partes que deberán contar con la asistencia letrada, la que podrá solicitarse al Ministerio Público.
Antes de la notificación de la jueza, el fiscal Cazón había resaltado un sistemático ensañamiento y una clara difamación contra su persona, compatible con un desprestigio y un daño moral hacia él y su familia, ya que fue involucrado en forma directa en un hecho que tuvo como único respaldo un acta contra una persona no identificada. Pese a ello, el medio de comunicación difundió la foto, el nombre y el apellido del fiscal en publicaciones donde lo acusaron en forma directa.
El tema tomó más relevancia cuando desde sectores locales que luchan contra la violencia de género salieron en abierto apoyo a Cazón, advirtiendo que este tipo de delitos no puede ser «banalizado por falsas denuncias».
Así lo aseguró la presidenta de la fundación Volviendo a Casa, Isabel Soria, quien salió en defensa del fiscal. «La violencia de género no se puede banalizar de esa manera y tampoco se pueden lanzar acusaciones al aire sin que tengan ningún sustento. Si se van a plantear estos temas, hay que hacerlo con seriedad», opinó la conocida dirigente social, responsable de una organización que trabaja al lado de la Justicia en la resolución de temas que involucran a mujeres y niños víctimas de violencia.
Respecto del caso original que el fiscal tuvo en sus manos, Soria señaló que «lo paradójico y extraño es que esa causa es el máximo precedente que se logró en la zona en los últimos años, y no sé si en la provincia. La lucha nuestra siempre fue la aplicación del máximo de las penas en los juicios abreviados y el único ejemplo que conocemos es el acuerdo que logró el doctor Cazón. Las mujeres que sufren violencia de género le tienen terror a sus victimarios. No pueden salir a la calle por miedo a lo que les pueda pasar. No se sienten seguras ni en sus propias casas. Utilizar el término «soy víctima de violencia’ o «fue un acto de violencia’ y que no sea verdad, es reírse, burlarse de las cientos de mujeres en el mundo que luchamos con lágrimas y sangre por nuestros derechos. Yo, como Isabel Soria y en mi nombre propio repudio el acto de usar nuestra lucha por una cuestión netamente política. Y me pronuncio porque fui nombrada en esa entrevista como funcionaria y tampoco es verdad», aseguró.
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