Las voces dentro del Gabinete Nacional en torno al nuevo revés judicial que tuvo Amado Boudou comenzaron a escucharse esta mañana. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que el exvicepresidente»merece que sus derechos no sean pisoteados» y sostuvo que la Corte Suprema de Justicia debe «hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades».
Se refirió de esta manera a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar el recurso del exvicepresidente y dejar firme su condena a cinco años de prisión por la apropiación de la calcográfica Ciccone.
Alberto Fernández no opinó todavía sobre el tema, pero en los albores de la Causa Ciccone, el mandatario ya había expresado su opinión al respecto, con una columna en LA NACION, que tituló: «Boudou: game over».
En ese texto, publicado el 30 de mayo de 2014, Fernández aseguró: «Todas las excusas dadas por él hasta aquí se han ido desvaneciendo con la misma velocidad con la que el agua se escapa entre los dedos. Boudou ya no tiene coartadas. Los argentinos saben cuánto ha mentido en su alocada carrera por escapar de los hechos que se le atribuyen».
En otro párrafo mencionaba a su ahora compañera de gobierno, Cristina Kirchner: «Fue sorprendente escuchar las voces del oficialismo que avalaron sus dichos y lo exculparon del hecho que se le atribuye. Tan fuerte fue la defensa organizada desde el poder, que hasta una ley de la Nación impulsada por la mismísima Presidenta acabó por expropiar la empresa Ciccone para hacer más compleja la investigación de la maniobra».
«Cristina siempre supo que Boudou ocupa la Vicepresidencia de la Nación solo por su decisión personal. Hasta aquí, le ha costado mucho admitir el error que ha cometido. Tanto le ha costado, que ha preferido resguardarlo antes que aceptar que se equivocó. Tratando de preservarlo, Cristina no dudó en involucrar al parlamento argentino en el más grave encubrimiento que se recuerda: la expropiación de Ciccone», aseguró Fernández.
Contrario al argumento de varios oficialistas que consideran el fallo un ataque, el presidente escribía: «Ya es imposible aceptar que todo lo que hoy se conoce sea tan solo el resultado de un impresionante accionar mediático. Son demasiados los fallos judiciales que le restan razón a los argumentos con los que ha pretendido protegerse y son muchas las mentiras que se le han verificado».
El fallo de la Corte
Los cinco miembros del alto tribunal declararon ayer «inadmisible» el recurso de queja que presentó la defensa de Boudou al negársele el recurso extraordinario ante la Corte, última instancia del sistema de justicia.
El exvicepresidente, junto a otros imputados, fue juzgado por el Tribunal Oral Federal 4 por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
La condena de Boudou a cinco años y 10 meses de prisión fue confirmada en septiembre del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal y fue entonces que el también exministro de Economía presentó un recurso para que la Corte revocara su condena.
Pese a su condena de prisión efectiva, en abril de este año, el juez de Ejecución Penal Daniel Obligado le concedió la prisión domiciliaria en atención al «actual contexto mundial de emergencia sanitaria».
La columna completa de Alberto Fernández en LA NACION
Boudou: game over
Amado Boudou ha sido llamado a prestar declaración indagatoria. Aunque genera cierto escozor pensar que un vicepresidente de la República deba tener que afrontar esa instancia, nadie dudaba que este momento finalmente llegaría.
Todas las excusas dadas por él hasta aquí se han ido desvaneciendo con la misma velocidad con la que el agua se escapa entre los dedos. Boudou ya no tiene coartadas. Los argentinos saben cuánto ha mentido en su alocada carrera por escapar de los hechos que se le atribuyen.
Fueron falsas las imputaciones que cargó en las espaldas de Esteban Righi y de Adelmo Gabbi a quienes atribuyó presiones maliciosas que nunca ocurrieron. Su desconocimiento sobre la persona de Alejandro Vandenbroele quedó desbaratado en el mismo momento en que se descubrió que era la misma persona que pagaba todos los servicios de su departamento en Puerto Madero. La distancia que tomó respecto de The Old Fund desapareció cuando se descubrió que ese mismo fondo pagó viajes de placer a sus parientes más cercanos. Hasta el administrador federal de impuestos lo desmintió haciendo pública una misiva firmada por el mismo Boudou en su condición de ministro de Economía en la que solicitaba flexibilidad en el cobro de una deuda impositiva para la empresa Ciccone.
Tan solo el sinnúmero de mentiras con las que pretendió defenderse, bastaría para poner en crisis la honorabilidad del vicepresidente.
Sin embargo, fue sorprendente escuchar las voces del oficialismo que avalaron sus dichos y lo exculparon del hecho que se le atribuye. Tan fuerte fue la defensa organizada desde el poder, que hasta una ley de la Nación impulsada por la mismísima Presidenta acabó por expropiar la empresa Ciccone para hacer más compleja la investigación de la maniobra.
Hubo además un silencio presidencial que avaló esos alegatos defensivos. Cristina siempre supo que Boudou ocupa la Vicepresidencia de la Nación solo por su decisión personal. Hasta aquí, le ha costado mucho admitir el error que ha cometido. Tanto le ha costado, que ha preferido resguardarlo antes que aceptar que se equivocó. Tratando de preservarlo, Cristina no dudó en involucrar al parlamento argentino en el más grave encubrimiento que se recuerda: la expropiación de Ciccone.
No se podría ser crítico de ese silencio, si no fuera tan fácil advertir que de ese modo ha buscado diluir la gravedad del caso y la responsabilidad que en el mismo le cabe a su vicepresidente.
Si Boudou recuperara la dignidad que evidentemente ha perdido, entendería el daño que causa. No es bueno para la República tener a un vicepresidente en ejercicio sospechado de haber querido beneficiar desde el Estado a una empresa en la que tenía intereses concretos. Y tampoco es bueno para el gobierno nacional del que es parte, tener que cargar con su defensa pública cuando son tantos los indicios que se ciernen en su contra.
Aunque dudo que lo haga, Boudou debería reflexionar sobre el daño institucional y político que causa permaneciendo en el cargo. Debería entender que haría un enorme bien pidiendo licencia para asumir su defensa sin las prerrogativas propias de su condición de vicepresidente. Aunque le cueste admitirlo, la pantalla anuncia el «game over» de su intento.
Ya es imposible aceptar que todo lo que hoy se conoce sea tan solo el resultado de un impresionante accionar mediático. Son demasiados los fallos judiciales que le restan razón a los argumentos con los que ha pretendido protegerse y son muchas las mentiras que se le han verificado.
Tal vez sea hora de que el oficialismo entienda que no se puede seguir resguardando institucionalmente la inconducta de un funcionario, aun cuando ello implique dejar sin amparo la decisión presidencial de preservarlo.
Porque en el mejor de los casos, Cristina se equivocó con Boudou. Pero el mayor costo de un error es persistir en el mismo.
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