Corte Suprema de Justicia Rosenkrantz y los méritos que el Presidente desprecia

Luego de la sorpresiva salida de Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el cuerpo decidió que su reemplazante fuera Carlos Rosenkrantz, quien es juez del máximo tribunal desde el 22 de agosto de 2016 postulado por Mauricio Macri para completar una de las dos vacantes que había en su momento.

Por otra parte, semanas anteriores el Presidente se despachó contra la meritocracia. La frase quedó flotando sin mayores precisiones ni fundamentos más profundos. El debate en redes sociales y charlas familiares se instaló inmediatamente. ¿Sirve de algo hacer méritos en la Argentina?, ¿el esfuerzo no es recompensado adecuadamente?, fueron algunas de las preguntas que se lanzaron al aire luego de semejante afirmación.

Sin embargo, en medio de acusaciones polémicas que sacuden tanto el ámbito político como el de la Justicia, es recomendable recordar los méritos habrá desempeñado el juez del máximo tribunal para ocupar el cargo.

Rosenkrantz es un abogado de 59 años recibido con honores en la UBA, que cuenta con un magister y un doctorado en Derecho de la Universidad de Yale. Es el primer ministro de la Corte Suprema de origen judío de la historia argentina.

Hasta su designación como juez del máximo tribunal se desempeñaba como rector de la Universidad de San Andrés. Antes fue profesor en la New York University; en la Richmond School of Law, en la Denver University, en la Universitat Pompeu Fabra, España y en la UBA.

Identificado con el radicalismo, en 1984 ofició como asesor para el Consejo para la Consolidación para la Democracia, junto al ex presidente Raúl Alfonsín, y fue discípulo del destacado jurista y filósofo Carlos Nino.

Trabajó en normas de relevancia institucional, como «las que abolieron la censura establecida por la dictadura militar, las que reformaron el Código de Justicia Militar para permitir el enjuiciamiento de los crímenes cometidos por las Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983 y el decreto que mandó a enjuiciar efectivamente a los Comandantes de las Juntas».

Como rector de la Universidad de San Andrés, cargo que asumió en 2008, apoyó la creación del «Centro de Estudios Anticorrupción», que actualmente lidera Manuel Garrido. Y escribió el prólogo del libro Cosa juzgada fraudulenta, de Federico Morgenstern, un ensayo sobre la cosa juzgada írrita, figura jurídica que podría aplicarse para reabrir casos de corrupción que fueron cerrados, como el del enriquecimiento ilícito de Cristina Kirchner.

En ese texto, que da fundamento jurídico al juzgamiento de hechos de corrupción que fueron cerrados de manera irregular, advierte que para avalar esa teoría –que relativiza el principio jurídico de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho- es fundamental que «el imputado haya sido responsable por la defraudación en el juicio».

Antes de asumir como juez, Rosenkrantz había dado algunas definiciones importantes sobre lo que esperaba que fuera su trabajo en la Corte. Una de las más destacadas fue sobre lo minucioso que debe ser el trabajo de los magistrados: «Deben entender que el rol de sentenciar es diferente al papel de un árbitro en un juego. El árbitro decide sin dar razones. Esto es muy importante. Es decisionismo puro: decide y resuelve los conflictos. Un juez tiene que decidir, sin duda, pero también debe construir y hacer inteligible el principio por el cual toma esa decisión, para que ese principio sea utilizado en otras decisiones. No basta con decidir. Es necesario dejar en claro que se decide en base a ciertos principios».

No obstante, Rosenkrantz fue blanco de la opinión pública y política luego de que la diputada nacional por el Frente de Todos e integrante del Consejo de la Magistratura, Vanesa Siley, presentara la semana pasada un pedido de juicio político sobre el presidente de la Corte Suprema de Justicia. La denuncia es impulsada por el accionar del juez en causas por delitos de lesa humanidad.

El pedido fue solicitado por «mal desempeño» y «eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones», de conformidad con lo que dispone el artículo 53 de la Constitución Nacional.

El pedido que impulsa Siley retoma aquellas denuncias y expone otros casos donde el titular del máximo tribunal de justicia utilizó los mismos argumentos que en el caso citado para beneficiar a represores

Luego de varios días en la polémica, Rosenkrantz, denunció este lunes que es blanco de una «persistente campaña de desprestigio» y rechazó por «infundadas» las acusaciones de una diputada kirchnerista que pidió su juicio político.

En un gesto inusual, el magistrado se declaró blanco de «una persistente campaña de desprestigio» y dijo que «distintas personalidades» le «atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza».

«Una cosa es un juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos», escribió Rosenkrantz.

Por su parte, el gobierno nacional salió el fin de semana a despegarse del pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema. Desde la Casa Rosara expresaron que «la diputada Siley presentó un proyecto que retoma el asentido de aquellos proyectos y los actualiza con hechos que a su entender protagonizó Rosenkrantz en causas por violaciones a los derechos humanos con posterioridad a 2017».

En esa línea, aclararon que la diputada del Frente de Todos presentó el pedido de juicio político el 25 de septiembre, cuatro días antes de que la Corte Suprema aceptara el per saltum y frenara el desplazamiento de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, los tres jueces que participaron de causas que vinculan a la vicepresidenta Cristina Kirchner.