La empresa Vicentin no está de acuerdo con la intervención que promueve el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y en cambio insiste en que todo debe seguir en el marco del actual concurso de acreedores que lleva adelante el juez de Reconquista, Santa Fe, Fabián Lorenzini.
Luego que Lorenzini bajara de la categoría de interventores a veedores a los funcionarios designados por Alberto Fernández, es decir Gabriel Delgado y Luciano Zarich, Perotti, buscando evitar la amenaza de una expropiación propuso que la intervención sea provincial y a través de la Inspección General de Personas Jurídicas.
En diálogo con LA NACION, Máximo Padoán, accionista y director de la compañía, remarcó que la propuesta del mandatario de Santa Fe es «mucho peor» [que el decreto del gobierno nacional] porque pretende, dijo, «una intervención sin límite de tiempo». Vale recordar que los ahora devaluados interventores a veedores habían sido nombrados por Fernández por un plazo de 60 días.
«El plan de Perotti es un plan mucho peor porque da una intervención sin límite de tiempo donde los interventores arman el plan de pago del concurso de acreedores», apuntó el directivo de la compañía.
Padoán remarcó: «Nosotros creemos que esto tiene que seguir dentro del marco concursal, con el juez, los tres síndicos, el directorio». El director de la compañía, en tanto, dijo que le parece «razonable» que estén los veedores del Gobierno porque eso mismo lo decidió el magistrado de Reconquista.
El accionista de la firma señaló que la compañía «tiene los activos para pagar» en el marco del concurso. Para recordar, en el concurso la firma, que entró en default en diciembre pasado, declaró una deuda de casi $100.000 millones con productores, otros proveedores y bancos.
«Estamos convencidos de que el juez debe llevar adelante el concurso. No entendemos la necesidad del avasallamiento del poder judicial», indicó.
En los últimos días, el presidente Alberto Fernández señaló que la misma empresa había pedido ayuda. Padoán afirmó: «En ningún momento pedimos salvataje». Menos pidieron la expropiación, la figura que eligió el gobierno nacional para querer avanzar sobre los activos de esta firma.
Lo que sí hubo, indicó el directivo, fueron contactos con YPF, que tiene una división agrícola (YPF Agro). «En este proceso tuvimos diferentes alternativas, propuestas, y pensamos que una alternativa era con YPF, que hace mucho canje de granos», señaló. Además de la petrolera, hubo contactos con la multinacional Glencore -con quien comparte la planta Renova-, el grupo Ceibos, otro grupo donde confluyen exejecutivos de bancos y Allaria Ledesma & Cía.
Ante una consulta sobre los pasos que podrían sucederse en los próximos días, Padoán volvió a insistir: «Que se respete la división de poderes y que el juez decida los pasos a seguir». Subrayó que «ese es el camino».
El ejecutivo expresó en relación al grupo: «Vamos a seguir trabajando como lo hicimos antes». En cuanto a la actividad, precisó que «la empresa no está quebrada» y que hay plantas que se encuentran funcionando, incluso al 100% algunas, según dijo. «No se ha vaciado», agregó respecto de algunos críticas que en los últimos días se hicieron en ese sentido.
Consultado sobre si hablarían de nuevo con el gobierno nacional, dijo: «Estamos dispuestos a dialogar, abiertos, pero la solución viene por el concurso. La empresa tiene los activos para pagar».
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