Luego de retirar unos 200 pliegos de futuros jueces que Mauricio Macri había enviado al Congreso, el presidente Alberto Fernández volverá a enviarlos, ahora con su firma, aunque serán retirados de la lista aquellos que estuvieron involucrados en investigaciones sobre Cristina Kirchner y sus funcionarios.
Más de media docena de nombres pueden quedar en el camino, según reconocen fuentes del Gobierno, el Congreso y de los tribunales.
Antes de tomar cualquier decisión, los nombres pasarán por el filtro personal del presidente Alberto Fernández y por el examen determinante de Cristina Kirchner, y después se verá. «Alberto los quiere ver y después habrá una reunión con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, para terminar de definir el listado», dijo a LA NACION una alta fuente oficial.
En el Gobierno no quieren demorar esta decisión y analizan que la mayoría de los nombres que había propuesto Mauricio Macri son candidatos potables. «Los queremos mandar rápido, la lista no está horrible. Hay muchos nombres de gente de trayectoria, que viene trabajando», dijo un funcionario clave en estas decisiones.
De todos modos, en el Gobierno reconocen que no todos pasarán el filtro. «Hay nombres muy puntuales que los vamos a rever», anunció un funcionario que es el blanco cotidiano de llamadas de los candidateados para ver si sus nombres siguen en la lista o están entre los que tienen bolilla negra.
El pliego más importante de los retirados es el de Laureano Durán, candidato a juez federal con competencia electoral de La Plata. Maneja el 40% del padrón electoral del país. Macri lo había propuesto después de muchas dudas, pero en el concurso quedó en primer lugar. En la puja talla ahora Alejo Ramos Padilla, el juez federal de Dolores a cargo de la causa que permitió al kirchnerismo minar la investigación de los cuadernos de las coimas y embestir contra el fiscal Carlos Stornelli. Hay dudas de si el pliego de Durán vuelve o si, por el contrario, Ramos Padilla ocupará su lugar.
Cristina Kirchner tiene apuntado a otro de los candidatos a jueces: Ignacio Mahiques, actual fiscal federal y propuesto como juez federal de Mercedes. Difícilmente su nombre vuelva al Senado. Mahiques investigó junto al fiscal Gerardo Pollicita las causas de Vialidad, Los Sauces y Hotesur contra Cristina Kirchner y firmó dictámenes para acusarla de ser jefa de una asociación ilícita. Kirchner lo consideró un «corsario judicial» cuando le tocó defenderse en la indagatoria en su juicio oral y lo descalificó. Ignacio Mahiques es hijo del camarista de la Casación Carlos Mahiques, exministro de María Eugenia Vidal, y hermano de Juan Bautista Mahiques, representante del gobierno de Macri en el Consejo de la Magistratura durante la gestión de Cambiemos.
Otro de los pliegos que difícilmente prosperen es el de Juan Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo y exdirector de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco). Se trata de la oficina de escuchas telefónicas en manos de la Corte y a la que el kirchnerismo le adjudica responsabilidad en la filtración de conversaciones de Oscar Parrilli con Cristina Kirchner. El organismo dejó de ser presidido por el camarista Martín Irurzun, a quien se le venció el mandato, y quedó al frente quien hasta ahora era vicepresidente, el camarista Javier Leal de Ibarra.
Entre los pliegos sobresale un nombre; Germán Moldes. No se trata del renunciado fiscal ante la Cámara Federal, sino de su hijo Germán Manuel Moldes, castigado por portación de apellido. Moldes padre se jubiló a fin de año tras un problema de salud y su hijo estaba en carrera para la Cámara Federal de San Martín. Moldes, peronista histórico, mantuvo ascendencia sobre los fiscales y fue uno de los impulsores de las marchas por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
También fueron retirados del Senado los pliegos de Inés Weinberg de Roca, la jueza del Superior Tribunal de Justicia porteño que Macri proponía como procuradora y que nunca prosperó. Y el pliego del juez Daniel Rafecas, propuesto inicialmente como juez de la Casación. Si consigue apoyos, su pliego regresará como candidato a procurador de Alberto Fernández.
El largo camino para ser juez en la Argentina
El examen
- El proceso comienza con un llamado a concurso público por parte del Consejo de la Magistratura. El concurso consta de tres etapas: un examen escrito y oral; una evaluación de antecedentes, y entrevistas personales en el Consejo de la Magistratura.
La audiencia
- Luego de los exámenes, se elabora un orden de mérito provisorio, que puede ser impugnado por los postulantes y revisado. Finalmente, el plenario del Consejo convoca a una audiencia pública a los postulantes y define la terna con el voto de dos tercios de los presentes.
El presidente
- La terna definida a través del proceso del Consejo de la Magistratura es enviada al presidente de la Nación, quien tiene la facultad de seleccionar a uno de los candidatos. Una vez elegido el postulante, el presidente envía el listado de los elegidos al Senado.
El Senado
- El paso final es la aprobación de los candidatos por parte del Senado, donde se requieren dos tercios de los presentes. El mecanismo actual de nombramiento de jueces fue definido por la reforma constitucional de 1994, que incorporó el Consejo de la Magistratura en la primera instancia de la selección.
Alegato de la AFIP en el juicio contra Báez
El gobierno de Alberto Fernández dará hoy su primera señal sobre cómo va a posicionarse frente a las causas por corrupción contra el kirchnerismo. Desde las 10, en los tribunales de Comodoro Py, está previsto que la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) aleguen como querellantes en el juicio por lavado de dinero contra Lázaro Báez. Estos organismos dependientes del Poder Ejecutivo renovaron sus autoridades y deberán decir en la audiencia qué pena piden para el empresario kirchnerista y los demás acusados. Los titulares anteriores de la AFIP, la UIF y la OA acusaron a Báez de lavado de dinero. En esa línea se mantuvo la primera parte del alegato de la actual conducción de la AFIP.
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