El presidente Lenín Moreno afirmó el lunes que trasladó la sede del gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil y acusó a su colega venezolano Nicolás Maduro y al exmandatario Rafael Correa por lo que llamó un intento de golpe de Estado luego de anunciarse un alza a los precios de la gasolina.
En cadena nacional de radio y televisión, Moreno argumentó que el traslado de la sede gubernamental desde Quito a Guayaquil se cumplió de acuerdo con las atribuciones constitucionales.
«Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido», y señaló que no es coincidencia que Correa y otros altos funcionarios de ese gobierno (2007-2017) se hayan reunido en Venezuela en las últimas semanas.
«El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia cercándolos para que respondan; ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando … e instrumentalizando algunos sectores indígenas», precisó.
Añadió que no dará marcha atrás en su decisión de subir los combustibles porque «lo correcto no tiene matices».
Hizo su pronunciamiento al final de una jornada plagada de bloqueos en carreteras y ciudades de algunas provincias en medio de choques entre manifestantes y la policía, al continuar las protestas para rechazar el incremento en los precios del combustible anunciado por el mandatario hace una semana.
Indígenas se sumaron el fin de semana a las protestas _iniciadas por transportistas_, las cuales han paralizado diversas actividades. El gobierno ha sostenido que no dará marcha atrás a su decisión de quitar el subsidio a los combustibles, argumentando que ello ayudará a estabilizar la caja fiscal.
En el transcurso del lunes las protestas adquirieron tintes de gran violencia: algunos manifestantes esquivaron barricadas policiales y militares en las afueras de Quito, e incluso se apoderaron de una tanqueta policial, la incendiaron y la lanzaron por una pendiente, mientras que en otros lugares atacaron sin motivo propiedad y vehículos particulares.
El ministerio de Energía informó que debido a tomas de instalaciones petrolíferas se paralizó la operación en los pozos Sacha, Auca y Libertador, los que dejaron de producir unos 65.000 barriles de petróleo diarios.
Las protestas han traído a la memoria de algunos ecuatorianos lo ocurrido a principios del siglo XXI, cuando el entonces presidente Lucio Gutiérrez dejó el poder en abril del 2005 luego de varios días de protestas sociales en medio de críticas a su gestión, aunque hay quien aún ve una situación distinta.
En aquel momento, ciertos sectores de la población se opusieron a algunas de las medidas tomadas por Gutiérrez, un coronel retirado, como la destitución de los miembros de la Corte Nacional de Justicia.
«No creo que caiga Moreno, porque la oposición política no está unificada y porque hay otros sectores, como las cámaras, los empresarios (que) tampoco quieren la desestabilización, (y) finalmente porque los militares están cerca del presidente», dijo a The Associated Press el analista político Santiago Basabe.
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, señaló en entrevista con la red de televisión Teleamazonas que «tenemos en este momento un grupo de indígenas que está destruyendo el orden y quebrantando la paz social, afectando a la infraestructura pública y privada». Por la tarde, el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, señaló en rueda de prensa que el país registra pérdidas por 70 millones de dólares diarios debido a la paralización de actividades y la imposibilidad de transporte entre provincias.
El jueves pasado, los transportistas declararon una huelga de actividades. Posteriormente se unieron grupos de estudiantes y finalmente los indígenas, a los que Moreno invitó el domingo a dialogar. El mandatario advirtió que no dará marcha atrás a las medidas decretadas, que buscan eliminar un subsidio de 1.300 millones de dólares a los combustibles.
Las autoridades confirmaron cerca de 480 detenidos por obstaculizar el tránsito, suspender servicios públicos y agredir a la policía.
Tras las primeras protestas, el gobierno decretó la semana pasada un estado de excepción, que tiene vigor de 60 días en todo el territorio nacional, lo que restringe derechos ciudadanos y faculta al Estado a efectuar requisiciones si lo considera necesario.
No es inusual que el gobierno ecuatoriano utilice el estado de excepción. La última vez que se decretó fue a mediados de año, después de que varios reclusos murieran en riñas y protestas en cárceles de todo el país.
Unos 180 manifestantes forzaron el lunes la seguridad de las bodegas de una empresa láctea en la población de Lasso, unos 60 kilómetros al sur de la capital, y robaron producto tras agredir a los empleados, sin que aún se cuantifiquen las pérdidas. En el norte del país, en la zona de Cayambe, unas 31 granjas de producción de flores de exportación fueron atacadas, y manifestantes indígenas causaron destrozos y agredieron a los empleados.
Los obstáculos _principalmente árboles derribados, neumáticos quemados y montículos de tierra_ comenzaron a acumularse en cuatro provincias: Chimborazo y Tungurahua, en el centro andino, y Pichincha e Imbabura, hacia el norte, y se extendieron a otras durante la jornada. También se ha dado cuenta de enfrentamientos con piedras con la policía y hostigamiento a la prensa.
La situación ocasionó que los colegios de la región andina suspendieran las clases, pero en el resto del país la actividad era relativamente normal.
En la capital los supermercados lucían con algunos estantes vacíos o con pocos alimentos.
Los indígenas exigen la derogatoria del decreto que permite la elevación sustancial del precio de los combustibles, que pasaron de 1,85 dólares el galón de extra, la más consumida, a 2,39 dólares, mientras que el diésel pasó de 1,03 el galón, a 2,30 dólares.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), la mayor de su tipo, afirmó que las protestas se llevarán a cabo por tiempo indefinido.
El gobierno autorizó la elevación del precio del pasaje urbano entre 5 y 10 centavos, lo cual no impidió que los autobuses dejaran nuevamente sin servicio a miles de ciudadanos, los cuales se vieron obligados a caminar o a utilizar precarias formas de transporte.
Moreno, que asumió la presidencia en mayo de 2017 y debe gobernar hasta 2021, anunció además un paquete de reformas tributarias que crea nuevas contribuciones para grandes empresas y elimina o reduce otros impuestos, además de reformas laborales como contratos de empleo para quienes emprendan un negocio o contratos a plazo para estimular la economía.
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