El director general de Educación Superior, Enrique Jáureguis, dijo que se investigará el manejo de fondos y que en 15 días se llamará a concurso para cubrir el cargo de Silvina Añez, que está con licencia psiquiátrica.
La Escuela Superior de Música N§ 6003 José Lo Giúdice atraviesa una grave crisis institucional. La directora Silvina Añez quedó en el ojo de la tormenta por denuncias que van desde la malversación de fondos hasta el maltrato laboral. Los docentes y el centro de estudiantes realizaron presentaciones sobre las irregularidades en la Cámara de Diputados, en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia y en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Las denuncias, remarcan, están respaldadas con pruebas.
El director general de Educación Superior, Enrique Jáureguis, junto a la supervisora Miriam Muñoz, fue hasta la institución y prometió una «auditoría del Ministerio de Educación». Dijo que habrá un «llamado a concurso para el cargo de la dirección en quince días».
La paz institucional está quebrada y en la escuela hasta desconocen la autoridad de Añez.
Se trata de una institución de formación docente (no universitaria) pública, dependiente de la Provincia. Allí se cursan profesorados en arte, en música, el trayecto artístico profesional (TAP) y de iniciación musical.
Los fondos, en la mira
La institución está ubicada entre la avenida Lucrecia Barquet y la calle Rodolfo Usinger, en barrio El Huaico, donde asisten unos 1.500 estudiantes. A ese número hay que multiplicarlo por 1.500 pesos que es lo que querían cobrar por inscripción para el comienzo del ciclo lectivo 2019.
Hubo muchas quejas y algunos llegaron a pagar 500 pesos, con lo cual luego hubo problemas con los que pagaron 1.500 pesos. Se denuncia que todo ese dinero se descontroló y hasta ahora no hay registro serio de lo que se hizo.
Un grupo de profesores dialogó con El Tribuno sobre el desmadre de los fondos que son institucionales.
Cristian Tapia, Salvador Rueda, Mariana Márquez, Daniel Tinte y Oscar Gómez mostraron el enorme libro de denuncias que incluyen pruebas sobre lo que consideran «manejo unilateral» de los fondos y de la institución. La presidenta del Centro de Estudiantes, Ivana Espíndola, acompañó el requerimiento de información .
Desconfianza y dudas
Algunos ven en el movimiento ministerial un avance y otros siguen desconfiando. Añez no ganó ningún concurso: fue designada por el Ministerio y ahí rondan los cuestionamientos. Dicen a viva voz que «entró por un vínculo especial» con funcionarios provinciales.
Desde ese punto de vista ven difícil un real control de los fondos. Para dar ejemplos: un flete de tres pianos, entre enero y febrero de 2018, costó 380 mil pesos. En un mismo día hubo dos cortes de pasto del predio por 10 mil pesos, cuando se sabe que esos fondos vienen desde el Ministerio. Los denunciantes cuentan con fotocopias de boletas, tickets, detalles y hasta fotos sobre el uso que le dieron durante todo el 2018 al edificio viejo de calle Zuviría 180.
Alquileres
Cuando se realizó el traslado del centro a la zona norte, en el 2017, ese edificio quedó con poco uso y en peligro de derrumbe.
Sin embargo, se prestó o alquiló a la fundación Cámara Juniors Internacional (con sus siglas JCI en inglés) para que use esas instalaciones con sus actividades. Hay una boleta casera de alquiler por 500 pesos y fotos sobre auspicios de la Escuela de Música en los talleres que realizó la organización. La situación es más irregular porque la vicepresidenta Ejecutiva de JCI es Rosario Mendieta Ulivarri, hija de Añez.
Remarcan que los docentes realizaron un pedido de información en diciembre del año pasado y hasta el martes no recibieron respuesta alguna. El reclamo estuvo dirigido a la ministra de Educación, Analía Berruezo; al mismo Jáureguis; y a la secretaria de Gestión Educativa, Sandra Piccolo.
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