La víctima era Evaldo dos Santos Rosa, de 51 años, que además trabajaba como agente de seguridad. Los soldados habían dicho que respondieron a una “agresión criminal” desde el auto. Pero era falso. Y fueron echados.
Las autoridades militares brasileñas arrestaron este lunes a 10 soldados que formaban parte de un contingente que el domingo disparó más de 80 balazos contra un vehículo en Rio de Janeiro, matando a un hombre e hiriendo a otras dos personas.
Evaldo dos Santos Rosa, de 51 años, que trabajaba como músico y agente de seguridad, se hallaba en su vehículo junto a su suegro, que resultó herido, al igual que un transeúnte. En el vehículo se hallaban también la esposa de Santos Rosa, su hijo de 7 años y una niña de 13, que salieron ilesos.
La viuda de Santos Rosa afirmó que después del primer tiro pidió ayuda a los soldados, pero éstos continuaron disparando. “¿Por qué el cuartel hizo eso? Los vecinos vinieron a socorrernos pero ellos siguieron disparando. Le pedí a uno de ellos: ‘Muchacho, ayuda a mi esposo!’. No hicieron nada, se burlaron”, afirmó Luciana Nogueira a la TV local. “Esto no puede seguir pasando. Queremos justicia”, dijo a AP el hijo de 29 años de Dos Santos Rosa, Daniel, quien contó además que venía de una fiesta.
El incidente se produjo en el barrio Guadalupe, en la zona norte de Rio, en el perímetro de seguridad de un área militar donde las tropas realizaban un «patrullaje regular», informó el Ejército.
El Comando Militar de la zona Este indicó en un comunicado que el primer parte oficial señalaba que la tropa «reaccionó a una agresión procedente de criminales a bordo del vehículo» pero que, tras tomar declaraciones a los implicados y oír a testigos, «se identificaron inconsistencias» en esa versión.
Como conclusión de esa indagación, «se determinó labrar actas de prisión de 10 de los 12 militares interrogados, por incumplimiento de las normas de acción», precisa el comunicado.
Un comisario de la División de Homicidios de la Policía Civil, Leonardo Salgado, dijo el domingo por la noche a TV Globo que en el vehículo del músico «no se encontró ninguna arma». «No veo indicios de legítima defensa, por la cantidad de tiros», agregó.
Los militares participaron en los últimos años en operaciones contra la criminalidad en Rio, e incluso estuvieron desde febrero hasta diciembre de 2018 al frente del área de seguridad de este estado desbordado por la violencia.
El nuevo gobernador de Rio, Wilson Witzel, prometió aplicar una política de mano dura frente al crimen, en un discurso sintonizado con el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro.
Witzel admitió a fines de marzo que la policía recurre a francotiradores para disparar a distancia a sospechosos armados.
En enero y febrero de 2019, los dos primeros meses que Witzel ha ocupado el cargo, 305 personas fueron abatidas por la policía en Rio, de acuerdo con estadísticas del gobierno. Esa cifra representa un incremento de 17,6% respecto al mismo periodo de 2018.
Algunos de esos casos levantaron cuestionamientos sobre los métodos policiales.
El 8 de febrero, una operación policial en una favela del barrio turístico Santa Teresa dejó 13 muertos y despertó, según la Defensoría Pública, sospechas de que se trató de una ejecución sumaria.
La ONG Rio de Paz manifestó su “repudio” al proceder de los militares detenidos y exigió una manifestación de la Presidencia, de quien dependen en última instancia las Fuerzas Armadas.
“A pesar de todos los buenos servicios prestados por las Fuerzas Armadas en el patrullaje ostensivo en el Estado de Río, la ONG Rio de Paz pide que toda la sociedad exija a las autoridades, sobre todo a las que están bajo el mando del Ministerio de Defensa, todo el rigor en la investigación de los hechos”.
La ola de violencia que enfrenta Río de Janeiro desde los Juegos Olímpicos de 2016 ha dejado más de 6.000 muertos cada año, algo que no pudo frenar la intervención de la seguridad pública, medida que se implementó en Río durante el 2018.
La intervención, implementada el 16 de febrero de 2018 y que se extendió hasta el 31 de diciembre del año pasado, cedió al Ejército el control de la seguridad pública en Río. Durante los 10 meses que se implementó la medida en Río, 1.375 personas murieron por acciones policiales, un 33,6 % más con relación al mismo período de 2017, según la ONG Observatorio de la Intervención.
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