Paula Sánchez Frega tiene 28 y vive en La Rioja. Denunció a su ex por difundir por WhatsApp su material íntimo y ahora espera «un fallo ejemplar»
Silvina Luna, Wanda Nara, «Chachi» Telesco y Florencia Peña son algunas de las famosas que padecieron en carne propia la viralización de videos íntimos grabados mientras tenían relaciones sexuales con sus parejas.
Pero en la Argentina las víctimas de la llamada pornovenganza -entendida como la difusión de contenido erótico de una persona sin su consentimiento, un término popular pero incorrecto ya que hablar de venganza implica una falta de parte de la víctima– y lasextorsión, el chantaje basado en material íntimo, traspasan el mundo del espectáculo y cada vez son más las mujeres sometidas a este nuevo tipo de violencia de género digital que se nutre de las redes sociales para lograr su propósito.
Paula Sánchez Frega es riojana, tiene 28 años y es la primera del país que logra llevar a juicio a su ex pareja por difundir sus videos y fotos íntimas tras separarse.
Su caso cobró notoriedad a nivel nacional en junio de 2017 cuando el hombre fue procesado con prisión preventiva (pero con beneficio de excarcelación) por los delitos de «coacción» y «lesiones leves calificadas», embargado por 30 mil pesos y enviado a juicio oral tras una causa en el Juzgado Nº3 de La Rioja a cargo del magistrado Gustavo Farías. Todavía queda por definir la fecha de inicio del proceso.
El nombre y la imagen de su ex pareja no son incluidos en este artículo por pedido de Paula misma: el hombre al que envió a juicio le impuso una restricción que la obliga a no mencionarlo de manera pública, con obvias consecuencias legales si es que lo hace.
«Fue una relación tóxica y conflictiva que duró 8 meses. Lo conocí cuando me fui a tatuar al local de él. Al tiempo iniciamos un relación y terminó viviendo en mi casa», le contó Paula a Infobae, quien a su vez admitió nunca se llevaron del todo bien y que la relación entre ambos estuvo marcado por diversos factores de violencia.
«Empezamos a celarnos mutuamente y ya discutíamos por cualquier cosa. Además de daños psicológicos hubo lesiones físicas. No lo soporté más y le pedí que se fuera a vivir a otro lado. Pero él no se bancó que lo dejara y tras amenazarme de muerte decidió viralizar por WhatsApp mis fotos y videos íntimos», relató.
Mientras los familiares y amigos de su ex usaban las redes sociales para atacar a Paula, en la prensa local empezaron a circular varios de los audios intimidantes que este hombre le había enviado: «Te voy a hundir, te voy a destrozar la vida», le dice en uno. «Mirá, h.. de p…, te voy a matar», la amenaza en otro.
Pero ella no se amedrentó y decidió recurrir a la Justicia para ponerle fin al hostigamiento: presentó todas las pruebas necesarias, logró una restricción perimetral y hasta marcó un hito. «Mi ex fue procesado y va a juicio oral, algo inédito en el país», señaló. Tras hacer público su caso, Paula enfrentó una fuerte depresión que la llevó a encerrarse en su casa.
«Lo que me sucedió a mí no es un caso aislado. Hay chicas que han llegado a suicidarse . Yo vengo de un tratamiento psicológico y de otro con psicofármacos. Sigo con trastornos de ansiedad pero no voy a dejar esta lucha. Espero que la justicia dicte un fallo ejemplar y siente un precedente», dijo la joven, quien a su vez remarcó que hoy su misión pasa por «concientizar a las personas para que no se dejen filmar ni sacar fotos por nadie, por más conocidos e íntimos que sean, porque una nunca sabe lo que pueda pasar el día de mañana».
Pornovenganza y sextorsión, dos ciberdelitos en alza
Según datos de la Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen (AALCC), una ONG porteña presidida dedicada a la materia que brinda talleres de capacitación a fuerzas de seguridad y cuenta con un gabinete psicológico para víctimas, las denuncias por difusión de material íntimo se incrementaron un 20% entre 2016 y 2018, mientras que las de sextorsión subieron un 35%. La principal diferencia entre una y otra es que en la sextorsión, el chantajista pide dinero para no materializar la amenaza.
Las estadísticas recopiladas en los últimos dos años por la AALCC dan cuenta que hubieron casi 650 denuncias por pornovenganza y alrededor de 3.500 por sextorsión.
«Es cierto que crecieron las consultas por estos ciberdelitos, pero no siempre estos pedidos de asesoramiento llegan a la Justicia ya que la gente evita exponerse judicialmente», contó a Infobae el fiscal Horacio Azzolín, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia de la Procuración, quien además advirtió que este tipo de casos cada vez proliferan más porque «hoy en día es muy común que las parejas se filmen en la intimidad, a diferencia de lo que ocurría 20 años atrás, y están más expuestas».
A diferencia de la sextorsión, donde la víctima puede conocer o no al victimario, «en la pornovenganza el móvil se da por rupturas amorosas o las peleas entre las partes; pero también pueden intervenir terceras personas que han abusado de la confianza de la víctima y su objeto es solamente causarle un mal», detalló a este medio el abogado Diego Migliorisi, vicepresidente de AALCC.
Miembros de esta ONG coinciden en que el crecimiento de la pornovenganza se debe a quehubo un vacío legal durante varios años. Con la reforma del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires hecha a fines de diciembre de 2018, la situación puede revertirse.
Hoy, la pornovenganza está configurada dentro de los delitos informáticos y establece una pena de prisión de 6 meses a 2 años o una multa económica. Mientras que los agravantes previstos pueden llevar la condena de 1 a 3 años.
El fiscal Azzolín explicó que las acusaciones pueden ser por «chantaje», que es el delito más grave; o por «acceso ilegítimo a un sistema informático (mal llamado hackeo), que es cuando una tercera persona difunde el material de la pareja o del individuo; ya que la divulgación de imágenes íntimas solo está contemplada como una contravención.
Además, se puede pedir legalmente que bajen los videos o fotos de cada uno de los sitios donde se publicaron. El artículo 16 de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales establece que deben darlo de baja dentro de los 5 días hábiles a partir de la denuncia. «Pero también, se debe tener en cuenta que una vez que se viralizan imágenes en Internet, aunque los sitios den de baja las publicaciones ofensivas, es imposible borrarlas de toda la Red», advirtió a Infobae Luis Nocera, abogado especializado en delitos informáticos y presidente de la AALCC.
Más allá que no se genere una denuncia concreta, en la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia les explican a las víctimas cómo hacer para borrar de Internet el material íntimo que fue viralizado. «Les enseñamos las acciones a seguir para contactarse con la plataforma donde están publicadas las fotos y videos para solicitar que las retiren», remarcó el fiscal Azzolín.
Según datos de la fiscalía, últimamente se produjeron más casos de chantajes donde las víctimas son hombres. «Fueron sobornados luego de practicar el sexting (intercambio de imágenes y videos íntimos a través de las redes sociales). Reciben solicitudes de amistad de falsas mujeres hermosas por Facebook y les empiezan a mandar fotos desnudas para que ellos hagan los mismo. Una vez que se produce el intercambio, empieza el chantaje por dinero y lo que pensaban que era una mujer en realidad era un varón. En la fiscalía tuvimos el caso de un hombre que se terminó suicidando», relató Azzolín.
Para no caer en la trampa de estos estafadores, Nocera aconsejó «recortar la foto del usuario, ponerla en un buscador de imágenes y ver qué aparece». Otra forma es «ver qué tipo de publicaciones tiene, cuándo fue creado el perfil y, sobre todo, utilizar el sentido común». Porque si al chatear con la persona «responde de forma automatizada hay que desconfiar».
Una vez producida la sextorsión, lo primordial es guardar la evidencia ya que muchas veces -en medio de la desesperación- la gente actúa emocionalmente y elimina los mensajes intimidatorios entorpeciendo una posible investigación.
«Las pruebas pueden ser el mail o las capturas de pantallas de las conversaciones. Se pueden llevar impresas a la fiscalía para pedir el código fuente y detectar desde dónde vino la comunicación», explicó Nocera, quien también recomendó copiar la URL del perfil entera y guardarla ya que muchas veces esos perfiles se borran tras conseguir su cometido.
Para que los datos aportados puedan servir para constatar lo sucedido y llevar adelante la causa, es necesario que «la captura de pantalla se haga desde el URL hasta la barra de tareas donde figura el horario, fecha y hora».
Para Azzolín, los casos también aumentaron porque ahora los damnificados saben dónde recurrir. «Antes les daba vergüenza tener que ir a una comisaría o una ONG para exponer el caso y mostrar las imágenes o videos íntimos. Ahora, conocen que hay más lugares especializados que brindan contención y asesoramiento», concluyó el fiscal.
Agregue un Comentario