Será durante 30 años con 120 mil árboles por temporada. La recomposición ambiental abarcará toda la finca, ubicada en el departamento San Martín.
Ante el desmonte clandestino de 11 mil hectáreas en el norte de la provincia, el productor agropecuario Juan José Karlen fue condenado por “desobediencia judicial” y deberá reforestar esta superficie por el término de 30 años.
A la sentencia le siguió una demanda civil millonaria, que tras una conciliación homologada por la Justicia, permitirá la recuperación del bosque arrasado.
En el acuerdo, Karlen cedió sus pretensiones agropecuarias sobre las 11 mil hectáreas desforestadas ilegalmente (superficie equivalente a la mitad de la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y convino con la Procuración General un plan de recomposición ambiental que abarcará toda la finca y se extenderá en el tiempo por 30 años.
También se contempló un vivero con 120 mil ejemplares por temporada, los que servirán para la forestación del bosque arrasado. Se calculó la plantación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea, como así también una importante inversión en materia social, la que incluye a miembros de comunidades aborígenes y criollos.
En caso de violar el acuerdo, la finca quedará afectada hasta su total recomposición natural como área protegida privada.
Los estudios periciales habían determinado que el bosque de la finca, previo al desmonte, presentaba una “densidad arbórea de 245 ejemplares por hectárea y un área basal de 10.7 m2/ha. Considerando estos parámetros (…) se puede decir que estaba clasificado como en estado Bueno”.
La tasa de deforestación en Salta fue la más alta del mundo en los últimos años
A la condena en materia jurídica ambiental, le siguió una demanda civil contra el finquero por una cifra estimada en 171 millones de pesos, la cual surgió de un estudio a efecto de lograr la reparación del terreno desmontado y estuvo realizado por técnicos del CIF, la Dirección Nacional de Bosques, el INTA, la UNSa y la U.B.A.
Durante los 30 años de reforestación, organismos provinciales y nacionales deberán auditar la ejecución del plan anualmente, quinquenalmente y al cierre final de la tarea. La aprobación definitiva del proceso estará en manos de un perito sorteado de la Corte de Justicia de Salta.
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