Los imputados argumentaron que las garantías de seguridad en el penal estuvieron limitadas debido a que la víctima fue atacada durante una visita íntima al femicida Gabriel «Chirete» Herrera.
Los cinco guardiacárceles imputados en el homicidio de Andrea Edith Neri (19), quien fue salvajemente asesinada por Gabriel Roberto «Chirete» Herrera (39), deslindaron responsabilidad por lo que pasó en la celda 374 del penal de Villa Las Rosas, el 5 de enero de 2017. Cada uno contó su verdad, el rol que cumplían al momento de los hechos y las limitadas posibilidades que tenían para evitar el crimen.
Los funcionarios penitenciarios explicaron que las garantías de seguridad para la víctima estuvieron limitadas, ya que el sangriento episodio se produjo durante una visita íntima entre los protagonistas de esta dramática historia. «Desde el instante en que la puerta de la celda se cierra nosotros no podemos saber lo que pasa adentro, tampoco podemos interrumpir ese acto porque entendemos que se trata de un encuentro íntimo que forma parte de la privacidad de las personas», dijo Fernando Daniel Velázquez Fernández, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Seguridad Interna. Y agregó: «Solo podemos intervenir cuando ocurre algún incidente, pero en este caso nadie escuchó gritos ni advirtió pedidos de auxilio».
Según los guardiacárceles, nada hacía presumir que «Chirete» mataría a la joven debido a que ambos mantenían una relación de pareja desde hacía un año y que tenían un hijo de dos meses que habían concebido en el interior del penal. Sin embargo a Velázquez Fernández no se le atribuye responsabilidad porque que ocurrió ese día, sino por haber sido uno de los firmantes de la autorización para que Andrea accediera a las visitas íntimas con Herrera a partir del 6 de enero de 2016. Para el fiscal Pablo Rivero ese beneficio fue otorgado sin que se hayan cumplido los plazos establecidos por el reglamento interno del Servicio Penitenciario. «El reglamento señala que para autorizar una privada, la persona tiene que justificar un mínimo de tres visitas normales al interno y había antecedentes de que esto ocurrió en seis o siete oportunidades», afirmó el imputado. Indicó que él avaló con su firma lo que había corroborado en ese sentido Héctor Augusto Franco, jefe del pabellón «E», donde se encontraba alojado Herrera.
Franco contó que el 15 de diciembre de 2015, a pedido de un primo de Andrea que estaba preso, se le prohibió el ingreso al penal y que tres días después la joven presentó nota solicitando que se le permitiera acceder a las visitas íntimas con «Chirete». Explicó que este requerimiento fue analizado con sus superiores,Néstor Guaymás y Marcelo Escobar. «Lo que se consideró que fue el pedido de Neri prevalecía por encima del planteo que hizo su primo para que pudiera continuar con las visitas normales», subrayó el funcionario. Esta medida fue dispuesta el 31 de diciembre de ese año. Lo que el fiscal Rivero planteó como anormal fue que seis días después Franco y Velázquez hayan dado el visto bueno para que Andrea accediera a las visitas íntimas con Herrera. «Lo que consideré fue que en los registros figuraba que la chica había visitado con anterioridad al interno, que no tenía antecedentes negativos y que Herrera gozaba de buena conducta», afirmó Franco.
A su turno el celador Nelson Alexander Cardozo negó en forma terminante que el interno Juan Domingo Ortiz le haya advertido que Herrera había golpeado a la víctima en el baño, antes de que la masacrara de 36 puntazos en la celda. «Si hubiera sido cierto lo que dice, inmediatamente hubiera pedido auxilio», señaló. En relación a las señas que se observan en las cámaras de seguridad, cuando, supuestamente, Ortiz le advierte de la situación, Cardozo sostuvo que «lo que me preguntó fue la hora, ya que estaba esperando una visita, pero nunca me dijo que había problemas entre la pareja».
Juan Carlos Gutiérrez, quien era la máxima autoridad del penal en ese momento manifestó que no había indicios para producir algún cambio en las visitas. «Conocía los antecedentes de Herrera, de que había asesinado a su primer pareja en la cárcel de Metán, pero como cualquier otro interno podía acceder a las visitas privas», expresó.
“No hay clasificación de internos”
José Luis Ávalos, quien se desempeñaba como jefe del servicio de Vigilancia y Tratamiento, fue el que mejor definió el funcionamiento del penal de Villa Las Rosas. “Hay un costumbrismo en determinadas cosas”, expresó con relación a las autorizaciones para que algunos internos puedan usar herramientas en los pabellones y que todos puedan tener acceso a las visitas íntimas, sin distinción. “No se hace una clasificación de presos, todos son iguales”, afirmó.
Ávalos también reconoció que la seguridad de las visitas es responsabilidad exclusiva del Servicio Penitenciario. Con ello dejó entrever que el acta donde se consignaba que la mujer debía hacerse cargo de su integridad en las visitas íntima es solo un formulismo. “La cárcel es un lugar peligroso para cualquiera, y por eso se toman las medidas de seguridad que corresponden, pero en las visitas íntimas esto no necesariamente se puede cumplir”, subrayó Ávalos, según informó ElTribuno.
Al referirse al asesinato de Andrea Neri, el funcionario sostuvo que no había indicios de que esto pudiera ocurrir. “La chica comenzó a visitar a Herrera en octubre de 2015 y hasta el momento de los hechos nadie, incluido los padres, advirtió que hubiera problemas en tre ellos”, dijo.
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