En la primera ronda de indagatorias por la causa, Osvaldo Miranda habló de persecución y Víctor Canelada no se presentó.
Pasadas las 10:00 de este jueves, uno de los seis acusados por la megaestafa al PAMI, la obra social de los jubilados, llegó a las oficinas que se encuentran en el segundo piso del juzgado federal de Salta. Por más de dos horas, el bioquímico Osvaldo Miranda prestó declaración ante el juez federal de Jujuy, Wenceslao Cardozo -subrogante en la causa. Argumentó que existieron errores en la facturación y habló de una persecución en su contra.
La declaración se produjo en el marco de una causa en la que se investiga a seis profesionales por un fraude millonario al PAMI, que se habría basado en facturaciones apócrifas. Del trámite participó el fiscal federal Ricardo Toranzos.
Según señaló Fernando Dávalos, secretario de la Fiscalía Federal número 1, el bioquímico llegó al juzgado acompañado por su abogado defensor y «esgrimió una serie de argumentos explicando que había una persecución política hacia él dentro de la Asociación Bioquímica de Salta. Además, explicó los motivos por los cuales puede haber alguna confusión en la facturación», expresó el secretario, quien dialogó con la prensa a pedido del fiscal Toranzos.
Miranda manifestó en su exposición que pudo haber «alguna confusión» en la facturación, y consideró que eso se debía a la «falta de control» tanto de la Asociación Bioquímica como del PAMI.
Según el secretario de la fiscalía, el bioquímico expresó que esas instituciones tienen que hacer un seguimiento de «todos los bioquímicos y no solo de algunos».
Para el día de ayer, además de la indagatoria a Osvaldo Miranda, estaba previsto que declare el médico Víctor Canelada, quién decidió no asistir al juzgado. «Presentó un escrito sosteniendo que tenía ya previsto un viaje. Canelada presentó la documentación correspondiente, por lo que seguramente el juez va a fijar una nueva audiencia», expresó Dávalos, según informó El Tribuno.
El secretario de la fiscalía federal informó que las indagaciones al resto de los imputados continuarán hoy.
A partir de las 11, también en las oficinas del juzgado federal, se les tomarán declaraciones al doctor Augusto Saúl Sasso y a la bioquímica María Elena Almendros.
El resto de los imputados, los bioquímicos Enrique Bardi y Silvina Díaz, tendrán que comparecer ante el juez el lunes 8 de mayo. Ambos fueron citados para las 11.
Hasta seis años
La causa está caratulada como infracción al artículo 174 del Código Penal, inciso 5. Los imputados están acusados de realizar un fraude en perjuicio de un organismo de la administración pública. Este tipo de delito tiene una pena que va desde los dos a los seis años de prisión.
Durante esta parte del proceso, los acusados son indagados sobre las denuncias que pesan en su contra.
Dávalos aclaró que ya se tomaron varias testimoniales en los días previos y no descartó que, de las pruebas que se están produciendo en el expediente, puedan surgir otros autores. Sin embargo, aclaró que eso va a depender de las pericias que se hagan sobre la documentación secuestrada.
Para esta tarea, el PAMI solicitó la ayuda a la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) PAMI, organismo que está a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo. Esta unidad pidió la testimonial de 16 afiliados de la obra social de los jubilados.
Desde la Secretaría de la fiscalía aclararon que eso aún no está resuelto. «Seguramente en estos días el juez Cardozo va a decretar para cuándo son las audiencias», dijo Dávalos.
La historia de una estafa
A raíz de una auditoria interna realizada por la Asociación de Bioquímicos salió a la luz una causa por estafa a la obra social de los jubilados. De ese trabajo surgieron irregularidades en la facturación al PAMI.
En una primera instancia, la anomalía fue advertida por una empleada de la asociación que al momento de facturar un estudio de laboratorio descubrió que estaba a nombre de su madre cuando ella no se lo había realizado. Esos datos fueron entregados al PAMI, el encargado de realizar la denuncia en la Justicia Federal.
En la investigación, en la que interviene el Juzgado Federal número 2 de Salta y la Fiscalía Federal número 1, se encuentran imputados dos médicos de cabecera de la obra social de los jubilados y cuatro bioquímicos prestadores al PAMI. Como parte de la investigación, el juzgado federal ordenó allanamientos a los laboratorios involucrados, declaraciones testimoniales a afiliados afectados y pedidos de informes con respecto a pagos realizados tanto por el PAMI como por la Asociación de Bioquímicos.
Después de analizar la documentación secuestrada, se determinó que la estafa rondaría en los $3.000.000.
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